Rishi Sunak vinculó su mandato como primer ministro al compromiso de poner freno al aumento de la inmigración irregular en el Reino Unido. Se ha acabado convirtiendo en su pesadilla política. La deriva autoritaria y de mano dura, bordeando la legalidad internacional, que ha supuesto su plan de deportaciones a Ruanda ni siquiera ha saciado al ala dura de los conservadores, que lo consideran débil e imperfecto, y exigen a Sunak que vaya más lejos.
Unos 60 diputados tories han respaldado este martes enmiendas a la ley presentada a principios de diciembre, que declaraba el país africano un lugar seguro y reducía las vías legales de los inmigrantes para recurrir ante los tribunales su deportación, para hacerla más dura todavía. Una de las enmiendas impedía que los inmigrantes pudieran impedir su traslado a Ruanda, con la única excepción de que su condición física no les permitiera volar. La otra exigía que cualquier decisión cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que persiguiera bloquear uno de esos vuelos fuera automáticamente rechazada.
En las horas previas a la votación, el ex primer ministro, Boris Johnson, que siempre escoge los momentos más delicados para saldar sus cuentas pendientes con Sunak —le acusa de ser uno de los principales causantes de su caída política—, expresaba su respaldo a los rebeldes en X (antes Twitter): “Los Gobiernos de todo el mundo intentan ahora imitar nuestra política de Ruanda, destinada a acabar con el tráfico ilegal de personas. La ley debe ser todo lo robusta que sea posible, y lo apropiado sería [por parte del Gobierno] aceptar las enmiendas”, escribía Johnson.
Los diputados rebeldes intentan endulzar su motín con discursos de buenas intenciones y loas al propósito perseguido por Sunak. Sus excusas son jurídicas. Alegan que la ley aprobada en primera lectura a principios de diciembre, y aún en trámite parlamentario, deja muchas lagunas que pueden ser aprovechadas por los inmigrantes irregulares, los “abogados izquierdistas” —en palabras de Robert Jenrick, ex secretario de Estado de Inmigración y uno de los líderes rebeldes— y las organizaciones humanitarias con la finalidad de paralizar durante meses las deportaciones con recursos, bien ante la justicia británica o ante la internacional.
La penúltima batalla
El Gobierno de Sunak, que ha contado con el apoyo de la oposición laborista, ha logrado que la Cámara de los Comunes rechazara mayoritariamente las enmiendas de los tories rebeldes. Pero la humillación ha sido evidente: 60 votos, cuando Downing Street había dejado claro que imponía disciplina de voto, son muchas disidencias. Para colmo, dos de los rebeldes ocupaban puestos clave, como vicepresidentes, en la dirección del Partido Conservador, y han presentado a Sunak su dimisión nada más respaldar las enmiendas, conscientes de que serían retirados de su cargo después de perpetrar la desobediencia.
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El tono de la carta de Lee Anderson y de Brendan Clarke-Smith, sin embargo, dejaba claro que no deseaban que la sangre llegara al río: “Primer ministro, usted se comprometió a hacer todo lo que estuviera en sus manos para frenar la llegada de botes [con inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha]. Ha sido claro y firme respecto a su plan de Ruanda, y ha dejado claro que no permitirá que un tribunal extranjero bloquee esos vuelos. Tiene usted el cien por cien de nuestro apoyo y el de los votantes de nuestras circunscripciones”, aseguraban en su texto de renuncia.
Sunak, sin embargo, no puede aún respirar tranquilo. Rechazadas las enmiendas, el texto original de la ley volverá a ser sometido a votación en la Cámara de los Comunes este miércoles. Si los 60 rebeldes se abstuvieran, o unos 30 de ellos votaran en contra —la oposición laborista ya ha anticipado su rechazo—, el plan de Ruanda no saldría adelante, y el primer ministro habría sido derrotado en una votación que muchos interpretarían como una moción de confianza.
La baza secreta de Sunak, paradójicamente, son unas encuestas que anticipan una derrota sin paliativos de los conservadores. A diferencia de las rebeliones que sufrió Theresa May en torno al Brexit, en las que los amotinados sabían que podrían colocar a Johnson en Downing Street, en esta ocasión, ni hay relevo, ni la ciudadanía británica consentiría otra sustitución que no pasara por las urnas.
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