miércoles, mayo 22

El cardenal Angelo Becciu, condenado a cinco años y medio de cárcel por un caso de fraude financiero | Internacional

El Vaticano ha dictado sentencia contra el cardenal Angelo Becciu, uno de los purpurados que acumuló más poder en la Santa Sede en la época de transición entre Benedicto XVI y Francisco. El purpurado sardo, que figuraba en todas las quinielas para ser papa en el siguiente cónclave, ha sido condenado este sábado a cinco años y seis meses de cárcel por un caso de irregularidades financieras, según anunció el Tribunal del Vaticano, que condenó también a otros imputados por este caso. Una sentencia histórica por su severidad y por aplicarse a un cardenal. Es la primera vez que una corte vaticana castiga de este modo a un príncipe de la Iglesia. El purpurado, sin embargo, recurrirá la sentencia.

Beccciu, de 75 años, ha sido también condenado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la Santa Sede, según declaró el presidente de la Corte, Giuseppe Pignatone, al leer la sentencia. El proceso indagó en los últimos dos años y medio la compra de un edificio en el centro de Londres orquestada por la Secretaría de Estado vaticana cuando Becciu era su sustituto de Asuntos Generales (2011-2018), una suerte de jefe de gabinete del órgano más poderoso del Vaticano. La operación en sí fue un movimiento especulativo que creó un agujero en las cuentas de la Santa Sede de al menos 139 millones de euros. La expectación durante estos meses ha sido extrema al tratarse del mayor juicio por corrupción de la historia de la Santa Sede, con 10 encausados por la compra de propiedades mediante el dinero de donaciones.

La causa central del juicio era la compraventa de un inmueble en Londres en 2015, que autorizó Becciu, que costó alrededor de 300 millones de euros y se llevó a cabo mediante una serie de intermediarios que cobraron comisiones millonarias y que se reservaron el poder de bloquear futuros movimientos pese a que no habían aportado prácticamente capital. Eran los tiempos en los que las guerras entre el banco vaticano (el IOR) y la Secretaría de Estado se encontraban en su punto álgido. La operación, en parte ese fue el problema, se ejecutó con los fondos del Óbolo de San Pedro, teóricamente destinados a sufragar las obras de caridad de la Santa Sede.

Una larga investigación que comenzó hace más de dos años recogida en unas 29.000 páginas —luego sintetizadas en los 500 folios del sumario— permitió determinar que la actividad de los inculpados supuestamente supuso “pérdidas considerables para las finanzas [entre 73 y 166 millones]”, según Nunzio Gallantino, presidente del APSA, la organización que gestiona los inmuebles del Vaticano.

El caso supuso un escándalo mayúsculo y completamente inesperado. Becciu era uno de los hombres de extrema confianza del Papa, uno de los mejores fontaneros de la entonces todopoderosa Secretaría de Estado y uno de los pocos que se atrevía a decirle las cosas tal y como las pensaba a Francisco. Amado y odiado a partes iguales. Su determinación, inteligencia y experiencia, además de su talento para descifrar las siempre complejas intrigas vaticanas, le situaban como uno de los candidatos a suceder a Jorge Mario Bergoglio antes de que explotara el escándalo. Un hecho que su entorno siempre consideró fundamental para sostener que había una trama para apartarlo de esa posible sucesión (su abogado, incluso, estimó la posible indemnización que debía recibir cuantificando ese intangible).

El juicio arrancó en julio de 2021 en una sala de los Museos Vaticanos, acondicionada para la ocasión. El tribunal lo presidió el exjuez antimafia italiano Giuseppe Pignatone, a quien Francisco recuperó tras su jubilación para poner orden en los vericuetos judiciales de la Santa Sede. El primer problema llegó cuando hace casi tres años se conoció la intervención de Becciu en la compraventa de un inmueble en Sloane Square, el barrio londinense de Chelsea. La Secretaría de Estado autorizó en 2013 la inversión en un fondo que poseía un edificio que había sido sede de los grandes almacenes Harrod’s, pero el entramado financiero obligó a lo largo de los años a ampliar el capital para no perder lo invertido. La suma llegó hasta los 300 millones de euros, un incremento que el Banco del Vaticano —otro de los órganos en guerra con la vieja Secretaría de Estado— tuvo que autorizar y denunció cuando saltaron las alarmas de un posible blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a Becciu explicaron entonces que el cardenal siempre obró de buena fe para que los ahorros de la Santa Sede tuvieran un rendimiento.

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El efecto dominó no se hizo esperar. Cayó el jefe de la Gendarmería, el histórico Domenico Giani, que había cuidado las espaldas de tres papas. También cinco de sus colaboradores más estrechos fueron detenidos y despedidos fulminantemente sin esperar un juicio. Uno de ellos, monseñor Alberto Perlasca, decidió colaborar con la justicia del Vaticano y empezó a revelar presuntas operaciones corruptas de quien fuera su jefe. De esta fuente emanaron los nuevos escándalos.

La llamada al orden del Papa a Becciu se produjo el 24 de septiembre por motivos hasta entonces desconocidos. El Papa le pidió explicaciones en una audiencia de alta tensión, pero no quedó convencido y le pidió que renunciase a los derechos cardenalicios —algo solo sucedido tres veces en 120 años— y a la titularidad de su dicasterio. Según las revelaciones, presuntamente hechas por sus colaboradores, además del asunto del edificio de Londres, el purpurado había favorecido a varios hermanos encargando trabajos en las nunciaturas de las que fue responsable (en Angola y Cuba) y autorizando la transferencia de unos 100.000 euros a la cooperativa familiar. Según la versión de Becciu, el dinero fue entregado por una urgencia, pero no se movió de la caja de la ONG.

El juez Pignatone considera ahora probados los delitos de malversación, abuso de poder e intento de presionar a testigos para que cambiasen su versión de los hechos. También el de “estafa”, en relación con el pago de 575.000 euros a Cecilia Marogna, conocida del cardenal, que aseguró que usaría ese dinero para liberar a misioneros secuestrados en Malí, pero terminó empleándolo para fines personales como la compra de bolsos de lujo.

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