La política portuguesa acaba de sufrir un sobresalto de alcance aún incierto. La policía ha detenido este martes por la mañana en Lisboa a dos personas del círculo más estrecho del primer ministro, el socialista António Costa, por irregularidades cometidas en la concesión de la explotación de yacimientos de litio y de proyectos de hidrógeno verde. Uno de los detenidos es Vítor Escária, jefe de gabinete del primer ministro. El otro es el empresario Diogo Lacerda Machado, gran amigo de Costa, que le confió en el pasado misiones estratégicas como la nacionalización de la aerolínea portuguesa TAP. Ambas detenciones se realizaron para evitar el riesgo de fuga, continuación de actividad delictiva y alteración de la investigación judicial que pretende esclarecer si se han cometido delitos de prevaricación, corrupción pasiva y activa y tráfico de influencia. Escária y Lacerda pasarán a disposición judicial en las próximas horas.
Pocas horas después, la Procuraduría General de la República (Fiscalía) ha revelado en un comunicado que el primer ministro está siendo objeto de una investigación autónoma desarrollada por el Tribunal Supremo por su papel en el impulso a los negocios relacionados con la transición energética. “En el curso de las investigaciones surgió, además, el conocimiento de la invocación por sospechosos del nombre y de la autoridad del primer ministro y de su intervención para desbloquear procedimientos en este contexto”, señala la nota.
La Policía de Seguridad Pública ha realizado este martes unos 42 registros, que incluyen la residencia oficial del primer ministro del Palacio de São Bento, los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente y Acción Climática, la Cámara Municipal de Sines, varios organismos públicos, 17 domicilios y cinco despachos de abogados. La Procuradoría General de la República ha declarado al ministro de Infraestructuras, João Galamba, y al presidente del consejo directivo de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Además, en la operación también han sido detenidos el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos empresarios de la sociedad Start Campus, que promovía un proyecto en Sines.
El propio gabinete de comunicación del primer ministro confirmó a la agencia Lusa el registro del despacho del jefe de gabinete Vítor Escária, aunque sin más comentarios. Tras los registros y las detenciones, Costa canceló los actos previstos para este martes en Oporto y se reunió durante media hora con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio de Belém. La gravedad de la crisis institucional que ha desatado la operación se ha confirmado con el encuentro que mantuvieron a continuación en Belém el jefe del Estado portugués y la Procuradora General de la República, Lucília Gago, que ha impulsado la investigación. Tras este encuentro se difundió la nota en la que se informaba de la investigación al primer ministro, que fue de nuevo convocado por el presidente de la República a su residencia oficial. A las dos, hora portuguesa, está previsto que Costa se dirija a la nación.
El Partido Social Demócrata (PSD, centro derecha), que lidera la oposición, ha convocado una reunión de urgencia de su comisión permanente para esta tarde. Al finalizar está previsto que su presidente, Luís Montenegro, realice una declaración oficial. Por su parte, el líder de la Iniciativa Liberal, Rui Rocha, reclamó la dimisión de Costa como primer ministro por la “gravedad” de las sospechas que afectan a su círculo más íntimo y, de no producirse, la disolución de la Asamblea de la República, una facultad que posee el presidente del país y que conduciría a unas nuevas elecciones. André Ventura, presidente del partido ultraderechista Chega, exigió la destitución inmediata del ministro João Galamba y una explicación de Costa al país.
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Trato de favor
La operación se enmarca en una investigación del Departamento Central de Investigación y Acción Penal, que comenzó a finales de 2019 tras una denuncia anónima para dilucidar si se habían producido tratos de favor hacia empresas portuguesas (EDP, Galp y REN) para explotar un negocio de hidrógeno verde en Sines, el gran polo industrial creado alrededor del puerto que está transitando de las fábricas contaminantes del pasado a las descarbonizadas. El proyecto inicial para exportar hidrógeno verde a Holanda había sido presentado por un empresario holandés en el verano de 2019, antes de que el Gobierno implicase públicamente a las tres empresas lusas en el mismo. Además, en la causa se investigan las concesiones para explotar litio en Montalegre.
Las irregularidades salpican al otro gran proyecto de explotación de litio en Covas do Barroso, a pocos kilómetros de la frontera con Galicia, que recibió este año la autorización de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente a pesar de recibir cerca de un millar de alegaciones en contra y de un informe contrario de un relator de la ONU. El lugar es, además, el único enclave portugués declarado Patrimonio Agrario Mundial por la FAO. La Agencia de Medio Ambiente dio luz verde en mayo al proyecto de la empresa británica Savannah Lithium, pese a reconocer en su informe que pondrá en peligro la declaración del organismo de Naciones Unidas. “Las afectaciones directas o indirectas, incluyendo los impactos residuales, impuestos por la elevada presión de proyectos sobre el área puede comprometer la clasificación de Patrimonio Agrícola Mundial. Se considera además que no existe compatibilidad y posibilidad relevante de integración paisajística del proyecto en el territorio”, observaba la agencia portuguesa en su declaración.
La investigación de las presuntas irregularidades en concesiones presentadas como esenciales para la transición energética afecta tanto al actual ministro de Medio Ambiente, Duarte Cordeiro, como a su antecesor, João Pedro Matos Fernández. Ambos podrían ser declarados arguidos en las próximas horas, así como el actual ministro de Infraestructuras, João Galamba, que fue secretario de Estado de Energía en la etapa de Matos Fernández. Galamba estaba en entredicho desde hace meses por su gestión de la crisis política relacionada con la aerolínea TAP, que le llevó a tener que declarar en una comisión de investigación parlamentaria.
La Procuraduría General de la República confirmó a comienzos de enero que estaba en marcha una investigación bajo secreto judicial sobre negocios relacionados con el lito y el hidrógeno verde. Tras ser preguntado por este proceso, el ministro Galamba respondió: “Nunca fui escuchado sobre ese proceso absurdo, exactamente porque es absurdo y vacío”, según recuerda este martes Público.
Por esta operación, el anterior ministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernández, tuvo las comunicaciones intervenidas por orden judicial. En cuatro de las varias conversaciones interceptadas fue grabado el primer ministro António Costa. Tres de ellas fueron destruidas y descartadas por resultar irrelevantes para la investigación, pero hay una cuarta, registrada el 28 de diciembre de 2020, en la que Costa y su ministro abordan los negocios del litio y del hidrógeno verde, la posibilidad de atraer fondos comunitarios y miles de millones de inversores, según el semanario Expresso.
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