No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, pero hay quien casi lo consigue. De cara al mundo, Víctor Manuel Rocha, de 73 años, era un antiguo embajador de EE UU jubilado en Miami tras una distinguida carrera de puestos en América Latina, la Casa Blanca y, tras su retiro, como asesor en el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En los últimos tiempos, tras una vida de inclinaciones conservadoras, se había vuelto un ardiente partidario de Donald Trump. Mera fachada: Rocha vivía una doble vida. Durante sus 40 años como diplomático y consultor había actuado, según el Departamento de Justicia, como agente de los servicios de inteligencia de Cuba, a los que se teme que pudo pasar un río de información sensible sobre las actividades y planes de EE UU en Latinoamérica hasta su detención hace una semana.
El caso puede acarrear repercusiones graves para la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas de EE UU, dada la larga carrera de Rocha y los importantes cargos que ocupó, muchos en momentos clave en sus destinos: desde subdirector de la oficina de intereses de EE UU en la Cuba de los años noventa, a encargado de negocios en una Argentina en plena convulsión económica (1997-2000). Pasando por México y por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (1994-1995) de Bill Clinton en plena efervescencia de la crisis de los balseros cubanos, para concluir como embajador (2000-2002) en una Bolivia donde despuntaba un líder cocalero llamado Evo Morales.
Las revelaciones también ponen de manifiesto la habilidad de los servicios secretos cubanos para captar a agentes en puestos relevantes de la Administración estadounidense. Este caso, reconocía el fiscal general, Merrick Garland, al anunciar la imputación, “expone una de las infiltraciones de mayor alcance y duración más larga por parte de un agente extranjero dentro del Gobierno estadounidense”.
El antiguo diplomático comparecerá ante un tribunal de Miami este martes para responder por 15 cargos como agente de Cuba desde 1981, que incluyen el “acceso a información [clasificada] para beneficiar a” Cuba y distribuir “esa información sin autorización”. Afronta hasta 60 años de cárcel tras reconocer su labor para la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la isla en conversaciones con un agente encubierto del FBI a quien él conocía como Miguel y creía un contacto del espionaje cubano.
Rocha, nacido en Colombia en 1950, había emigrado a Nueva York en los años sesenta junto a su madre viuda. Su talento le permitió ganar una beca para una de las mejores escuelas privadas de EE UU y codearse con hijos de las clases más privilegiadas. De allí siguió a universidades prestigiosas: Yale, Harvard, Georgetown. Se nacionalizó estadounidense en 1978 e ingresó en la carrera diplomática en 1981. Según el pliego de cargos, para entonces ya había sido captado por la DGI: fue durante una estancia en el Chile del golpe contra Salvador Allende.
Los documentos de imputación no especifican cómo fue captado Rocha, ni qué le motivó a colaborar con la DGI. Pero la declaración de Miguel, incluida en el pliego de cargos, apunta a razones ideológicas. Le describe como un partidario convencido del régimen del “comandante” (Fidel Castro), que se refiere a los espías cubanos como los “compañeros”.
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“Los servicios secretos cubanos tienen que ser muy buenos en lo suyo porque no tienen muchos medios, y su gran objetivo es Estados Unidos. Al contrario que los rusos, que motivan por dinero, ellos encuentran gente con una empatía visceral por lo que Cuba quiere hacer, y que, por tanto, no [traicionan] por dinero… Sospecho que, si le hubieran ofrecido pagarle, Rocha se habría indignado”, explica Peter Lapp, agente retirado del FBI, en conversación telefónica. Lapp es autor del libro Queen of Cuba (“Reina de Cuba”), sobre la espía puertorriqueña Ana Montes, analista del Pentágono que trabajó con la DGI durante 17 años y en cuya detención, en el año 2000, colaboró el exagente.
Ha habido otros casos: en 2007, dos catedráticos de la Universidad Internacional de Florida fueron detenidos por espiar contra los grupos de exiliados cubanos anticastristas en Miami. En 2009, el analista Kendall Myers, funcionario de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, fue arrestado junto a su esposa por pasar información confidencial a Cuba.
El pliego de cargos apunta que el FBI recibió una denuncia en noviembre de 2022 que alegaba que Rocha había trabajado como agente encubierto para Cuba. Miguel contactó al exdiplomático por WhatsApp: “Tengo un mensaje para usted de sus amigos de La Habana”. El sospechoso respondió: “No lo entiendo, pero me puede llamar”.
Ambos acordaron encontrarse frente a una iglesia en la acomodada zona de Brickell, en Miami. Para llegar, Rocha adoptó técnicas clásicas de contraespionaje, desde dar un largo rodeo hasta apostarse en las cercanías para estudiar si el lugar de la cita estaba vigilado. Se vieron así hasta tres veces, en las que el exdiplomático se mostró orgulloso de haber colaborado con la DGI y reiteró su disposición a continuar. Sus fingidas inclinaciones derechistas —donó 750 dólares, casi 700 euros, a una legisladora anticastrista en el Congreso de EE UU, que la parlamentaria ha devuelto— no eran más que parte de su “fachada”, contaba a su contacto.
Se vanaglorió de haber trabajado para “fortalecer la Revolución”, en una labor de “enorme” importancia para Cuba y un gran triunfo para los intereses de la isla y contra “el enemigo”, Estados Unidos. “Ellos [Washington] subestimaron lo que podíamos hacerles. Hicimos más de lo que ellos pensaban”, declaraba a su supuesto contacto. A la pregunta de si sigue apoyando a la DGI, respondía algo más tarde, indignado: “Es como si pusiera en duda mi hombría… Como si quisiera que me bajara los pantalones y le enseñara que sigo teniendo cojones”.
El pasado 1 de diciembre, agentes del servicio de seguridad del Departamento de Estado se reunieron con él. Rocha negó inicialmente haberse visto con nadie que respondiera a la descripción de Miguel. Confrontado con una foto de ambos, aseguró que solo le había visto una vez, y porque Miguel se le había acercado. Ese mismo día quedó detenido.
Parte del trabajo ahora para los fiscales y el FBI es determinar el alcance de esos daños “mayores de lo que ellos pensaban” que pueda haber dejado Rocha, como él mismo describió. Qué datos pudo pasar a sus contactos alguien que tuvo acceso a información clasificada de primer nivel. O hasta qué punto influyó con sus actos e informes en que Estados Unidos tomara decisiones contrarias a sus intereses nacionales.
Sin pistas
La declaración jurada de Miguel no aporta apenas pistas. Pero en ella, Rocha recuerda que se encontraba en La Habana cuando en 1996 Cuba derribó dos avionetas de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate en las cercanías de la isla, en un incidente en el que murieron cuatro personas.
En Bolivia, el entonces embajador saltó a la primera plana por inmiscuirse públicamente en la campaña electoral de 2002. Rocha advirtió que si el electorado votaba “a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína, ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de Estados Unidos”. Esa declaración indignó a la población, aupó a Evo Morales al segundo lugar y restó votos al hasta entonces favorito, el moderado Manfred Reyes Villa. Acabó triunfando el neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, las palabras del embajador se interpretaron como un paso en falso; la imputación de ahora hace pensar si no fue una iniciativa deliberada para favorecer al líder cocalero. En varias ocasiones, después de aquello, Morales había descrito irónicamente a Rocha como su “jefe de campaña”.
“Como embajador y como integrante del Consejo de Seguridad Nacional, en las posiciones elevadas que ocupó, tuvo la capacidad de influir en la política exterior. No solo tuvo la oportunidad de proveer información clasificada a Cuba, también pudo influir en la política exterior y eso es muy perjudicial”, apunta Lapp. “Montes fue muy dañina porque tuvo acceso a niveles muy altos de información confidencial de Defensa. Pero este caso, por su capacidad de influir en la política, es al menos tan grave como aquel”.
Que Rocha pudiera actuar como agente cubano durante tanto tiempo “es un fallo de contrainteligencia, y hay mucha responsabilidad que repartir por eso”, opina el exagente del FBI. Pero “es mejor haber identificado a Rocha a los 73 años”, mientras aún está vivo y los agentes tienen la opción de interrogarlo y averiguar exactamente qué hizo y con quién estuvo en contacto.
Aunque se le acusa de agente en favor de Cuba, Rocha no está imputado específicamente por espionaje. Es algo que los expertos atribuyen a una posible falta de pruebas, al menos de momento. “Pero el pliego de cargos pinta un cuadro muy condenatorio”, explica Lapp. “El Gobierno no piensa que lo que estuviera pasando a Cuba fueran recetas de cocina”.
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