El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) está trabajando en desarrollar una nueva Ley sobre Compras y Contrataciones del Estado, la cual tiene como fin actualizar los procedimientos de adquisiciones gubernamentales, mejorar la administración del presupuesto y reforzar la claridad en el manejo de los recursos del Estado. Esta propuesta será entregada en septiembre al presidente Bernardo Arévalo para su evaluación y, más tarde, será discutida con diversas entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil antes de llevarla al Congreso de la República para su consideración y aprobación.
Actualización de montos y procesos
Uno de los cambios más importantes que sugiere el proyecto está vinculado a los límites de contratación. De acuerdo con el análisis hecho por el Minfin, los valores actuales han disminuido en términos reales por la inflación y el transcurso del tiempo. Por ejemplo, el techo de cotización fijado en Q900 mil desde 1992 equivale ahora a poco más de Q137 mil. De manera similar, el límite máximo para compras directas, establecido en Q90 mil desde 2009, corresponde actualmente a aproximadamente Q48 mil en valores reales.
Para subsanar esta distorsión, la propuesta contempla elevar el techo de cotizaciones hasta Q2 millones y el de compras directas a Q200 mil. De acuerdo con las autoridades, este ajuste permitirá agilizar las adquisiciones tanto de entidades gubernamentales como de municipalidades, reduciendo trámites administrativos y evitando retrasos en la ejecución de proyectos y servicios esenciales.
Claridad y poder ciudadano
El establecimiento de la normativa actualizada también fortalece los sistemas de control y supervisión pública. Todas las compras, sin importar su cantidad, deberán registrarse en la plataforma Guatecompras. Además, se conservarán los concursos obligatorios para cantidades que superen los Q2 millones, garantizando la competencia entre los proveedores.
La iniciativa también contempla la mejora de la Subasta Electrónica Inversa (SEI), un recurso digital que facilita la obtención de precios más competitivos para productos y servicios estandarizados. Asimismo, se pretende suprimir las cláusulas de confidencialidad en los contratos gubernamentales, con el fin de asegurar el acceso público a los datos y promover la supervisión ciudadana.
El Minfin destaca que la reciente legislación se elabora con asistencia técnica internacional y mediante la comparación de los marcos normativos de naciones como Perú, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Esto busca incluir normas internacionales que posibiliten una mayor eficiencia en la contratación pública y una rendición de cuentas más eficaz.
Compatibilidad con otras acciones
Simultáneamente con la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones, el Congreso está revisando la propuesta 6576, denominada Ley para la Rapidez de la Inversión Pública. Este reglamento, de naturaleza específica y válida por un plazo de tres años, se enfoca en la realización de proyectos clave en sectores esenciales como la salud, la educación, el transporte, la seguridad y el suministro de agua.
De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, las dos normativas se complementarán mutuamente. La legislación novedosa sobre adquisiciones actualizará el sistema general de compras, mientras que la propuesta 6576 facilitará agilizar inversiones particulares a través de métodos simplificados, contratación de proveedores del extranjero y acuerdos con entidades como la ONU, la UNOPS o el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.
Dentro de sus estipulaciones, esta propuesta impone a las entidades del estado, municipios y consejos comunitarios de desarrollo la tarea de divulgar datos específicos sobre proyectos, costos y progresos en plataformas públicas. También incluye la formación del Fondo de Implementación de Inversión Estratégica (Fonives), gestionado por el Crédito Hipotecario Nacional, responsable de administrar fondos nacionales e internacionales dirigidos a iniciativas estratégicas.
Un marco renovado para la inversión pública
El desarrollo de una nueva Ley de Compras y Contrataciones constituye un avance fundamental para ajustar la normativa actual a las demandas presentes del Estado. El aumento en los límites para cotizaciones y compras directas, acompañado del refuerzo en transparencia, tiene como objetivo equilibrar la eficiencia administrativa con la responsabilidad ante los ciudadanos.
Con estas reformas, el Ministerio de Finanzas aspira a crear un marco más ágil, confiable y moderno, que permita a las instituciones ejecutar proyectos con mayor rapidez, mientras se garantiza el uso correcto de los recursos públicos y se fomenta la confianza ciudadana en los procesos de contratación estatal.
