El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha salido al paso de versiones que vinculaban al país con la figura de “tercer país seguro” en el marco de un reciente acuerdo con Estados Unidos. Según explicó el canciller, el convenio no implica que Guatemala asuma la obligación de otorgar asilo o refugio automático a personas migrantes que hayan sido interceptadas en territorio estadounidense. El acuerdo, subrayó, se limita a mecanismos de cooperación migratoria bajo condiciones humanitarias específicas y con base en las capacidades del país.
El anuncio se emitió después de que se revelara que Guatemala suscribió un memorando de entendimiento con Estados Unidos, comprometiéndose a acoger a algunos migrantes clasificados como especialmente vulnerables. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas subrayaron claramente que este acuerdo no implica asumir responsabilidades comparables a las de un país que, de manera formal, funciona como un receptor adicional de personas que procuran asilo en EE. UU.
En palabras del jefe de la diplomacia guatemalteca, se trata de una colaboración dirigida a brindar apoyo temporal a poblaciones específicas, como mujeres embarazadas, niños no acompañados, personas con enfermedades graves o víctimas de trata. El gobierno explicó que se trata de una acción puntual, con criterios humanitarios, y bajo plena coordinación con organismos internacionales como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Asimismo, se indicó que los migrantes que eventualmente lleguen a Guatemala bajo este esquema no permanecerán de forma indefinida, sino que serán sujetos a procesos de atención y protección que contemplen opciones como la reunificación familiar, el traslado a terceros países o el retorno asistido. La medida, por tanto, no busca establecer un sistema de refugio permanente, ni impone a Guatemala el rol de destino final para quienes soliciten asilo en Estados Unidos.
Desde Cancillería se insistió en que el país no cuenta con la infraestructura ni los recursos para asumir una carga migratoria de gran escala, y que cualquier iniciativa de este tipo será evaluada dentro del respeto a la soberanía nacional, la capacidad institucional y los tratados internacionales vigentes. El gobierno afirmó que el acuerdo responde más bien a una lógica de cooperación técnica y humanitaria, no a un rediseño de su política migratoria.
El tema ha generado reacciones divididas dentro del país. Diversos sectores sociales han expresado inquietud ante la posibilidad de que se repliquen esquemas aplicados en otros países de la región que han sido presionados para albergar migrantes bajo políticas migratorias restrictivas implementadas por Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han pedido mayor transparencia sobre los términos del acuerdo, y han advertido sobre los riesgos de criminalización, desprotección y hacinamiento en albergues si no se garantiza una atención adecuada.
Por su parte, las autoridades guatemaltecas defendieron la necesidad de mantener una relación fluida con Estados Unidos en materia migratoria, dado el alto número de connacionales que intentan llegar a ese país cada año, así como la importancia estratégica de los flujos de remesas para la economía nacional. Reiteraron que cualquier programa de cooperación deberá contar con apoyo técnico y financiero, además del acompañamiento de agencias internacionales especializadas.
El gobierno anunció también la creación de una mesa interinstitucional para dar seguimiento a la implementación del acuerdo, así como para coordinar la atención de los migrantes que eventualmente ingresen al país bajo esta modalidad. Se prevé que dicha instancia esté integrada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud y Bienestar Social, junto con organismos de cooperación internacional y representantes de sociedad civil.
En este marco, Guatemala reafirma su respeto hacia los derechos humanos y su compromiso con una migración segura y ordenada, mientras fija límites claros respecto a sus responsabilidades en acuerdos internacionales, procurando evitar la imposición de convertirse en receptor principal de solicitudes de asilo que no pertenecen a su jurisdicción original.
